La vivienda es la base que toda persona necesita para vivir con dignidad y estabilidad; sin embargo, son demasiados los estadounidenses que se ven obligados a abandonar sus hogares, que no pueden permitírselos o que quedan totalmente excluidos. No podemos resolver esta crisis con los mismos enfoques fallidos. Necesitamos una estrategia audaz que priorice la vivienda y trate la falta de hogar como un problema de salud pública, no como un problema penal. Eso significa invertir en servicios integrales para las enfermedades mentales y las adicciones, construir viviendas a largo plazo para todos y subvencionar a nivel federal el 30 % de todos los nuevos desarrollos de vivienda para garantizar que la vivienda asequible y digna sea verdaderamente accesible.

La atención médica no se trata solo de sobrevivir a una enfermedad, sino de tener la libertad de llevar una vida plena y saludable sin el temor de arruinarse por enfermarse. Hace mucho que se necesita un Medicare para Todos. No solo porque es lo correcto, sino porque es la propuesta más eficaz, eficiente y económica que tenemos. Gastamos casi el doble que otros países ricos en salud con peores resultados y aún así dejamos a 27 millones de personas sin seguro. Con Medicare para Todos, cada estadounidense podría ahorrar miles de dólares al año mientras recibe una atención mejor y más confiable.

En este país hablamos de oportunidades, pero sin servicios de cuidado infantil confiables, las oportunidades quedan fuera del alcance de demasiadas familias trabajadoras. Hoy en día, los padres se ven obligados a tomar decisiones imposibles: pagar una segunda hipoteca por el cuidado infantil, reducir sus horas de trabajo o depender de una mezcla de favores y suerte. Crecí rodeada de una comunidad que intervenía cuando mis padres estaban al límite de sus fuerzas, pero las familias no deberían tener que depender de la suerte para llegar a fin de mes. En este momento, el mensaje para los padres es: contribuyan a la economía, pero no esperen ningún apoyo para criar a la próxima generación. El cuidado infantil universal cambia ese guion al tratar el cuidado de los niños como una infraestructura esencial para que cada niño tenga un lugar seguro donde aprender y crecer, y cada padre tenga la libertad de trabajar, planificar y prosperar.

No podemos llamarnos una democracia cuando la riqueza tiene más peso que la gente, y por eso debemos recuperar el poder de influencia aprobando límites a los mandatos, creando un programa nacional de contrapartida de donaciones, prohibiendo que los miembros del Congreso se conviertan en cabilderos y prohibiendo la compraventa de acciones mientras estén en el cargo. Los líderes que permanecen en Washington durante décadas a menudo nos dejan con ideas obsoletas y políticas que anteponen los intereses especiales a los de la gente común, y los límites a los mandatos aportarían nueva energía, restablecerían la rendición de cuentas y volverían a centrar al gobierno en aquellos a quienes sirve. Del mismo modo, demasiados legisladores dejan el cargo solo para lucrarse como cabilderos de las mismas industrias que alguna vez supervisaron, por lo que una prohibición de cinco años para cualquier trabajo de cabildeo ayudaría a garantizar que el servicio público se trate de servir al público, no de asegurarse un sueldo lucrativo. Y dado que los funcionarios electos deben trabajar para el pueblo en lugar de beneficiarse de información privilegiada, prohibirles poseer o negociar acciones individuales eliminaría un claro conflicto de intereses y ayudaría a garantizar que las decisiones se tomen por el bien público en lugar de por el beneficio personal.

El verdadero liderazgo significa trabajar por la paz, no prepararse para una guerra sin fin. Estados Unidos ha gastado más de 8 billones de dólares en guerras desde 2001, a menudo con escasa rendición de cuentas y consecuencias devastadoras. Tampoco hemos sabido reconocer ni prevenir la devastación de guerras genocidas que se han cobrado la vida de millones de personas, desde Palestina y Sudán hasta el Congo y Tigray. Es hora de replantearnos nuestro papel global: no como un imperio militarizado, sino como defensores de la diplomacia, los derechos humanos y la consolidación de la paz. Debemos poner fin a los cheques en blanco para la guerra interminable y reasignar esos fondos a la diplomacia en el extranjero y a la vivienda, la educación y la atención médica aquí en nuestro país.

En el país más rico del mundo, más de 44 millones de personas padecen hambre, y nuestro sistema alimentario está cada vez más controlado por corporaciones monopolísticas que anteponen las ganancias a la salud pública. Organismos como la FDA y el USDA han sufrido una falta de financiación sistemática y se han visto socavados por la influencia de la industria. Necesitamos reinvertir en estas instituciones, liberarlas del control corporativo y aplicar regulaciones más estrictas en materia de etiquetado, seguridad alimentaria y mercadotecnia, especialmente la dirigida a los niños. Un sistema alimentario justo se enfoca en alimentar a la gente, no en generar ganancias.

La educación es la base de una democracia próspera y una sociedad justa. Desde preescolar hasta la universidad, todos los niños merecen una educación pública gratuita y de alta calidad, sin importar en qué zona vivan. Décadas de recortes presupuestarios, privatización y exceso de exámenes han vaciado de contenido a nuestras escuelas y han agotado a nuestros maestros. Necesitamos invertir en las escuelas públicas, pagar a los maestros un salario digno y financiar plenamente la educación preescolar y las universidades públicas. En su momento fuimos líderes mundiales en educación pública porque creíamos que se trataba de la búsqueda del conocimiento y el progreso, no de las ganancias. Al reinvertir en educación y satisfacer nuestras necesidades básicas, podemos dar a cada niño la oportunidad de seguir su curiosidad, desarrollar sus habilidades y ayudar a construir un futuro definido por la creatividad y la innovación.

Ninguna generación se ha enfrentado a una crisis existencial tan urgente y generalizada como el cambio climático. Los datos científicos son innegables: se nos acaba el tiempo. Los incendios forestales, las inundaciones y las olas de calor ya están devastando comunidades en todo el país. Debemos actuar ahora, no solo para mitigar los daños futuros, sino también para fortalecer la resiliencia en los lugares donde ya se han producido desastres. Eso significa financiar plenamente el desarrollo de energías renovables, hacer la transición a una red energética con cero emisiones, modernizar nuestros sistemas de transporte público e invertir en infraestructura resiliente al clima. También significa exigir responsabilidades a los contaminadores y poner fin a los subsidios a los combustibles fósiles. Es hora de que tomemos medidas significativas para proteger el único planeta al que llamaremos hogar.

La inteligencia artificial ya ha comenzado a revolucionar todos los aspectos de nuestras vidas, tal como lo hizo la electricidad hace un siglo. No podemos permitir que el desarrollo de esta tecnología continúe sin la participación de los estadounidenses de a pie. La IA ya está presente en la salud, la educación, el empleo e incluso la justicia. Si la democratizamos y nos aseguramos de que su desarrollo sea transparente, equitativo y responsable ante el público, podremos liberar su potencial para resolver problemas de gran envergadura. Esto significa investigación de acceso abierto, protección de los trabajadores frente a la automatización y una supervisión estricta para prevenir la discriminación, la explotación y la vigilancia. La IA se basa en generaciones de conocimiento y creatividad humanos. Es justo que se desarrolle para servir al bien público. Para salvaguardar nuestro futuro, debemos aprobar una moratoria sobre la construcción de nuevos centros de datos de IA hasta que contemos con regulaciones federales que protejan a los trabajadores, el medio ambiente y nuestra privacidad.

La inmigración es una piedra angular de nuestra identidad nacional. Los hombres y mujeres que lo dejan todo atrás para buscar una vida mejor aquí en Estados Unidos encarnan el espíritu de valentía y resiliencia que este país dice valorar. Pero en lugar de honrar eso, los políticos los han utilizado como peones y chivos expiatorios para desviar la atención de sus políticas que han fallado a la gente común. Que agentes enmascarados secuestren a personas inocentes en las calles y las hagan desaparecer en centros de ICE no nos hace más seguros ni protege los empleos estadounidenses. Debemos exigir responsabilidades a los políticos que difunden estas mentiras y poner fin a estas redadas del ICE. Es hora de abolir el ICE y construir un sistema de inmigración basado en la dignidad y la justicia, creando vías accesibles a la ciudadanía, poniendo fin a las prácticas de detención inhumanas y rechazando las maniobras políticas crueles que deshumanizan a las familias. Somos mejores gracias a los inmigrantes, no a pesar de ellos.

Los derechos reproductivos son derechos humanos fundamentales y llevan décadas siendo objeto de ataques, que ahora se están convirtiendo en prohibiciones. No basta con hablar de proteger el derecho a decidir; debemos garantizarlo. Eso significa codificar el derecho al aborto en la legislación federal y proteger el acceso a toda la gama de servicios de salud reproductiva: desde la anticoncepción hasta la salud materna, pasando por los servicios de afirmación de género. Nadie debería tener su cuerpo, su futuro o su libertad controlados por los políticos. Es hora de que hagamos de la libertad reproductiva un derecho constitucional.

Todo el mundo merece la libertad de amar a quien quiera y de vivir siendo fiel a sí mismo. La lucha por los derechos LGBTQIA+ está lejos de haber terminado, sobre todo ahora que las legislaturas estatales de todo el país siguen atacando a los jóvenes trans y recortando las protecciones. Estos ataques no tienen que ver con proteger a los niños o preservar la equidad, sino con el control, el miedo y la distracción de los fracasos de los políticos a la hora de abordar las necesidades de la clase trabajadora. Necesitamos aprobar la Ley de Igualdad para proteger a las personas LGBTQIA+ de la discriminación en las escuelas, los lugares de trabajo y la vida pública. La igualdad ante la ley no es negociable, y la dignidad no está sujeta a debate.

La seguridad pública no es solo la ausencia de delincuencia, sino la presencia de oportunidades, estabilidad y sentido de comunidad. No podemos acabar con la pobreza mediante detenciones ni criminalizar las enfermedades mentales. Un enfoque integral de las necesidades de seguridad pública incluye acceso a vivienda, atención de salud mental, buenos empleos y escuelas sólidas. Esto también incluye invertir en la prevención de la violencia, equipos comunitarios de respuesta a emergencias y programas de justicia restaurativa. Los datos han demostrado una y otra y otra vez que la seguridad aumenta en comunidades con recursos adecuados, no en aquellas con exceso de policía. Cuando protegemos las necesidades básicas de las personas y defendemos su dignidad, todos estamos más seguros.